La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya permanezca interno en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que la FGR requerirá al juez de control que obligue a Anaya a presentarse físicamente al Centro de Justicia Penal Federal para el debate de las medidas cautelares, una vez que sea imputado.
La estrategia de la Fiscalía para evitar que el panista “escape”, comentaron, será la misma que se utilizó con el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia se le pidió acudir al centro de justicia para el debate de las medidas cautelares, esto mientras se resolvía su situación jurídica.
Sin embargo, al presentarse Lavalle se le decretó prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de fuga, la cual lo mantiene interno desde hace siete meses en el Reclusorio Norte.
El juez de control avaló hace un mes que Ricardo Anaya compareciera por videoconferencia, pero dejó claro que tiene que hacerlo en Ciudad de México y acompañado por su abogado.
Los funcionarios consultados mencionaron que si el ex candidato presidencial no comparece la FGR pedirá que se le declare sustraído de la justicia.
Posteriormente, pedirá que se gire una orden de aprehensión, lo que también abre la puerta para que se pida a Interpol la emisión de una ficha roja para su localización y captura.
En octubre, el juez tomó la decisión de que la audiencia inicial se reprogramara para este 8 de noviembre, porque la FGR entregó de última hora al panista mil fojas más que forman parte de la carpeta de investigación.
El juez exhortó al abogado Eduardo Aguilar Sierra para que, en la sesión de hoy, esté junto con su cliente, porque en la comparecencia en línea del mes pasado no estuvo acompañado.
La FGR judicializó la carpeta de investigación contra Anaya por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
}La carpeta se inició a partir de la denuncia presentada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien reveló un supuesto esquema donde se entregó dinero a legisladores federales panistas para que aprobaran las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Emilio Lozoya aseguró que recibió instrucciones “superiores” para entregar los más de 6 millones de pesos a Anaya.
