La Fiscalía General de la República (FGR) perfila dos nuevas causas penales para judicializar las imputaciones hechas por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, quienes junto a cinco implicados más son acusados de conformar una supuesta red criminal para la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias, a cambio de presuntos sobornos.
Con las acusaciones contra Peña y Videgaray, la FGR sumaría cinco causas penales iniciadas contra exlegisladores y exfuncionarios federales que fueron señalados por Lozoya, tras su extradición a México para ser enjuiciado por diversos delitos derivados de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Sin embargo, tras un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a prisión, a cambio de que se le concediera un criterio de oportunidad, Lozoya aceptó señalar a más involucrados en la entrega y recepción de presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética, que abrió la industria petrolera mexicana –desde la extracción hasta la comercialización– a la participación privada.
Las imputaciones de Lozoya se realizaron a través de una nueva denuncia penal presentada por sus abogados defensores, lo que le ha permitido a la FGR judicializar las causas penales por separado en contra de cada uno de los imputados.
Las declaraciones de Lozoya, así como de otros dos testigos que están colaborando con la FGR, han permitido a la Fiscalía judicializar las imputaciones al menos contra tres personas más: el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue vinculado a proceso por este hecho; el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, que este domingo anunció un “exilio” forzado bajo el argumento de que sufre una persecución política; y el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Cabeza, cuya orden de captura fue suspendida debido a que goza de fuero legislativo.
Además, una sexta acusación contra Luis Videgaray fue retirada por el Ministerio Público Federal cuando ya se la había presentado ante el juez de control, debido a que el juzgador federal solicitó a la Fiscalía hacer varias aclaraciones sobre el pliego de consignación por delitos como asociación delictuosa y traición a la patria que pretendía imputar a Videgaray Caso.
El 12 abril pasado, por primera vez, la FGR planteó el señalamiento de la creación y operación de una red delictiva para aprobar la reforma energética, en la causa penal que se le sigue al exsenador panista Lavalle Maury por estos hechos. Durante la audiencia inicial del caso, Lavalle fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Según la imputación que fue leída en la audiencia inicial contra José Luis Lavalle, Videgaray, Peña Nieto, Anaya y el propio Lavalle formaron parte “de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto de 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”.
El pasado lunes, el reportero Abel Barajas, del periódico Reforma, dio a conocer que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, fue citado a una audiencia de imputación que se celebrará el próximo jueves 26 en el Reclusorio Norte, en la que se le darían a conocer los delitos que se le atribuyen.
En respuesta, Anaya acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar a la FGR para emprender una persecución política en su contra, además de anunciar el inicio de un exilio forzado por cuestiones políticas.
Fuentes allegadas al caso agregaron que, en el caso de Ricardo Anaya, la Fiscalía General de la República volvió a referir la hipótesis de Lozoya sobre los presuntos sobornos que se habrían repartido entre legisladores para la aprobación de la reforma energética, con el fin de acreditar su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero y cohecho.
A partir de esa misma teoría del caso, la FGR podría judicializar los casos contra Videgaray y Peña Nieto. Sin embargo, las fuentes judiciales explicaron que todavía no existe alguna acción concreta de la FGR para judicializar el expediente en contra de ambos políticos.
Dos piezas clave en este proceso son el exsecretario particular de José Luis Lavalle, Rafael Caraveo, y el exjefe de escoltas de Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, que han apuntalado las declaraciones del exdirector de Pemex con sus propios testimonios.
Fuente: https://www.proceso.com.mx/
