Ciudad de México, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dejó sin efectos el acuerdo que, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, otorgó el beneficio de “testigo colaborador” a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y propietario de Miss Universo, señalado por su presunta participación en una red de huachicol.
Desde el pasado lunes, la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal la reactivación de la orden de aprehensión en contra de Rocha Cantú, al considerarlo presunto líder de una organización criminal. La instrucción fue emitida por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, quien ordenó su captura por delincuencia organizada, en las modalidades de tráfico de armas y hidrocarburos.
El beneficio legal que le permitía colaborar con las autoridades tuvo una vigencia de apenas 26 días. Con la revocación del criterio de oportunidad, Rocha Cantú volvió a quedar en calidad de prófugo, ya que durante todo este periodo ha permanecido fuera del país. El delito que se le imputa amerita prisión preventiva oficiosa en caso de ser detenido.
El giro en el caso coincidió con un comunicado emitido por el propio empresario el domingo pasado, en el que anunció el cierre de las oficinas administrativas de Miss Universo en la Ciudad de México y el traslado temporal de sus operaciones a Nueva York, al argumentar supuestos “ataques infundados” e “incertidumbre jurídica”.
De acuerdo con documentos oficiales, la FGR —ahora encabezada por Ernestina Godoy— revocó el acuerdo firmado en la administración anterior por tres razones centrales. La primera fue que Rocha Cantú no acudió a las citas programadas por la Secretaría de Seguridad los días 8 y 12 de diciembre, en las que debía aportar información adicional a la investigación; en su lugar, solicitó comparecer por videoconferencia, alegando riesgos a su seguridad.
La segunda razón fue su inasistencia a una comparecencia ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, donde debía ser entrevistado por la defensa de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, fiscal actualmente encarcelada y procesada por presuntamente vender información a la misma red criminal.
El tercer elemento fue una solicitud formal de Pemex, presentada el 10 de diciembre por Alejandro Fabián Cordero, apoderado legal de la empresa productiva del Estado, en la que se pidió retirar el criterio de oportunidad al considerar que Rocha Cantú no cumplía con los requisitos legales para conservarlo.
Con base en estos hechos, el pasado viernes el titular de la Fiscalía de Delincuencia Organizada autorizó la cancelación definitiva del estatus de testigo colaborador. Entre las condiciones para acceder a este beneficio se encuentra la obligación de aportar información esencial y eficaz para perseguir delitos de mayor gravedad, así como el compromiso de comparecer ante la justicia, requisitos que —según la FGR— no fueron satisfechos.
Como parte de su intento por mantener el beneficio, Rocha Cantú entregó únicamente un testimonio por escrito, en el que reconoció su participación en el contrabando de combustible desde Guatemala, aunque minimizó su involucramiento. Afirmó que sólo intervino en dos operaciones, con una inversión de 4.2 millones de pesos, que le habrían generado ganancias por 1.2 millones, versión que la Fiscalía consideró insuficiente y poco creíble frente a la magnitud de la investigación.
