A más tardar el próximo 20 de marzo, el Congreso de México deberá aprobar la legislación secundaria que dará fin a los siete órganos autónomos eliminados de la Constitución. Estas instituciones, que incluyen el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), verán sus funciones absorbidas en su mayoría por el Poder Ejecutivo.
La reforma constitucional, publicada el pasado 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un plazo de 90 días naturales para que se emitan las normas que permitirán al Ejecutivo, y en su caso, al Judicial y Legislativo, asumir las facultades de regulación y supervisión que antes correspondían a estos órganos. Esto incluye modificaciones a leyes fundamentales, como la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado esta iniciativa, argumentando que los órganos autónomos no han cumplido con su propósito y han representado un obstáculo para el proyecto político de la Cuarta Transformación. Según Sheinbaum, estos organismos han resultado onerosos y con antecedentes de corrupción, citando informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre gastos indebidos de los comisionados.
El impacto de la extinción del INAI se extenderá a las legislaciones estatales, ya que su existencia era clave para el Sistema Nacional de Transparencia. Los estados deberán adaptar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos dentro del mismo periodo de 90 días.
La Secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha indicado que las funciones cuasijurisdiccionales del INAI podrían ser transferidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para evitar conflictos de interés en la resolución de recursos de revisión promovidos por ciudadanos.
