La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que gran parte del dinero obtenido por la eliminación de organismos autónomos se destinará al Ejército, específicamente para financiar un aumento salarial para los soldados. Este anuncio se suma a una serie de medidas poco comunes para financiar a las fuerzas armadas, cada vez más influyentes en el país.
La semana pasada, el Congreso aprobó una tarifa de 42 dólares por pasajero de crucero, que también se destinará en gran parte a las fuerzas armadas. Este nuevo cargo ha generado críticas dentro de la industria turística, que advierte que podría afectar negativamente a un sector que genera aproximadamente 500 millones de dólares al año en México.
Desde 2019, bajo el gobierno del partido Morena, el Ejército ha ampliado sus funciones, asumiendo el control de proyectos de infraestructura clave, como ferrocarriles y aeropuertos. Sin embargo, algunos de estos proyectos han mostrado pérdidas económicas significativas. Por ejemplo, el Tren Maya, una de las iniciativas más destacadas del gobierno, ha transportado solo el 20% de los pasajeros esperados desde su inauguración el 16 de diciembre de 2023.
La reciente eliminación de siete organismos reguladores y de supervisión independientes ha sido justificada por Sheinbaum como una medida de ahorro, pero críticos advierten que esto podría consolidar aún más el poder del partido gobernante y limitar el escrutinio externo. Además, muchos temen que la falta de transparencia pueda dar lugar a favoritismos en la gestión de recursos.
El gobierno, enfrentando déficits presupuestarios significativos debido a sus ambiciosos proyectos de construcción, busca desesperadamente nuevas fuentes de ingresos. La creciente dependencia del Ejército para la implementación de políticas y proyectos económicos ha transformado su papel en la sociedad mexicana, convirtiéndolo en un actor clave en la política y la economía del país.
