Fusionan órganos internos de control en Gobierno Mexicano

Cambios estructurales y fusión de entidades clave en la lucha contra la corrupción según la administración de López Obrador.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la fusión de los Órganos Internos de Control (OIC), elementos fundamentales en la batalla contra la corrupción, de aproximadamente veinte instancias gubernamentales. Esta reorganización incluirá a Segalmex, entidad investigada por desvíos millonarios durante este sexenio.

La transformación, detallada en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2023, implica la desaparición de los OIC de 21 dependencias, organismos desconcentrados y entidades paraestatales. En su lugar, se establecerán Órganos Internos de Control “Especializados”.

Esta medida surge tras la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en abril de 2023. La iniciativa presentada por el presidente en abril de 2022 proponía el rediseño de los OIC y la centralización de la política de contrataciones en la Secretaría de la Función Pública.

En una comparecencia ante la Cámara de Diputados el 5 de diciembre, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, confirmó la fusión de los OIC de Diconsa, Liconsa y Segalmex en un único órgano. Destacó que esta medida generará ahorros y permitirá cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública.

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Sin embargo, las modificaciones han generado críticas. El diputado federal del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, expresó su preocupación por la posible disolución o fusión de entidades cruciales, temiendo que pueda resultar en una supervisión “menos rigurosa”.

Según la Secretaría de la Función Pública, los OIC y las Unidades de Responsabilidades son esenciales para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en las 287 instituciones del gobierno federal. Estos cambios, aunque buscan optimizar la estructura, plantean interrogantes sobre el impacto en la eficacia de la supervisión anticorrupción en el país.

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