El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se desistió de un juicio de amparo que promovió el pasado 19 de marzo de este año, semanas antes de que la Cámara de Diputados aprobará la procedencia de su desafuero, informó un juez federal.
García Cabeza de Vaca impugnó ante un colegiado el fallo del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Tamaulipas, quien desechó en primera instancia la demanda, donde mencionó que le han sido violados sus derechos constitucionales plasmados en los artículos 1, 6, 14, 16 y 21.
“Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del segundo párrafo, del numeral 2 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 15995/2021, signado electrónicamente por el Juez y la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito del quejoso con el que manifiesta desistirse del presente recurso de queja y solicita que la diligencia de ratificación del escrito de cuenta se realice a través de videoconferencia”, se indica.
Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Tamaulipas, no publicó los actos reclamados; sin embargo, Cabeza de Vaca señaló en su demanda como autoridad responsable a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Asimismo, el impartidor de justicia no difundió los argumentos de su resolución, ya que el expediente se tiene que solicitar a través de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En febrero, la fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos mencionados. La solicitud para el desafuero del gobernador, tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La semana pasada la Cámara de Diputados avaló el desafuero de García Cabeza de Vaca, pero el Congreso de Tamaulipas ratificó la protección al gobernador, al dictaminar que no procede aquella resolución e interpretó que la legislatura local es la última instancia que debe pronunciarse al respecto.
