El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, refutó el viernes las afirmaciones de la prensa sobre la presunta participación de policías estatales en el secuestro de 32 migrantes. Entre las víctimas, seis eran de Honduras, 26 de Venezuela, incluyendo tres con doble nacionalidad colombiana. Villarreal destacó la inexistencia de pruebas que respalden dichas acusaciones durante el proceso de investigación.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la explotación política del caso por parte de sus adversarios, pese a la gravedad humanitaria del suceso. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre cuando hombres armados interceptaron un autobús en el municipio de Río Bravo, llevándose a 32 migrantes a una finca donde los despojaron de sus pertenencias y exigieron rescate a sus familias en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, describió el secuestro como “atípico” y destacó la disminución del 77.6% en el delito de secuestro desde el inicio de la actual Administración. A pesar de la controversia sobre la liberación de los migrantes, el Gobierno mexicano asegura tener líneas de investigación claras para detener a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.
