El Gobierno de México advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si anula en su totalidad el decreto con el que la Cámara de Diputados aprobó el ‘plan B’ de la Reforma Electoral, estaría violando la Constitución y sustituyendo al Congreso de la Unión.
La oficina de Presidencia continúa con los reclamos a la Corte luego de que se diera a conocer que el ministro Alberto Pérez Dayán planteará un proyecto para invalidar el denominado ‘plan B’ este lunes 8 de mayo. El Gobierno argumenta que el proyecto de Pérez Dayán es inexacto y falso.
El proyecto de Pérez Dayán argumenta que la reforma debe anularse debido a que “no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo”. El Gobierno de México afirma que el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, incluso con los criterios de la propia SCJN, y que la Corte estaría violando el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.
El Gobierno acusa a la Corte de manejar dos parámetros distintos en relación a las demandas emitidas contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y argumenta que la Suprema Corte es un poder sin legitimación popular y que no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.
