La documentación relacionada con el contrato de compraventa del avión presidencial, así como las negociaciones entre los gobiernos de México y Tayikistán para esta transacción, han sido declaradas como información confidencial y bajo reserva por el gobierno federal. Según la respuesta a una solicitud de información, el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) decidió mantener esta información bajo llave durante cinco años, alegando motivos de seguridad personal del presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon.
Banobras argumenta que hacer pública la información podría poner en riesgo la seguridad del mandatario de Tayikistán, ya que el contrato contiene datos técnicos y detalles sobre el avión que podrían afectar la seguridad de las personas que lo utilizarán. Además, la entidad afirma que revelar los acuerdos de compraventa podría poner en peligro la relación diplomática entre ambos países.
Sin embargo, Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai), señala que antes de clasificar la documentación, la autoridad debería haber entregado una versión pública del contrato y reservar únicamente la información sensible o relacionada con la seguridad.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, Banobras podría invocar el secreto comercial como información confidencial, siempre y cuando no esté relacionado con el uso de recursos públicos. En este caso, dado que hubo un intercambio de un bien público que implicó el uso de recursos del erario, se espera que el contrato de compraventa sea publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Cabe mencionar que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) también estuvo involucrado en la compraventa de la aeronave, siendo responsable de la negociación y venta. Sin embargo, al solicitar al Indep una copia del contrato y del proceso de negociación, el instituto solo proporcionó enlaces a boletines de Banobras, transmisiones de la mañanera y comunicados de Presidencia, sin atender directamente la solicitud de la documentación.
Ante esta situación, la especialista en derecho a la información advierte que el contrato de compraventa del avión presidencial es un documento que debe ser publicado de forma obligatoria, ya que forma parte de las obligaciones mínimas de transparencia del gobierno. Los ciudadanos y la opinión pública esperan que la información sea revelada para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en este proceso de compraventa de la aeronave presidencial.
