Gobierno de México mantiene opacidad sobre venta del avión presidencial

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de críticas debido a su falta de transparencia en relación con la venta del avión presidencial. En esta ocasión, se ha reservado información crucial sobre la descompostura de la aeronave, así como el dictamen valuatorio realizado antes de su venta al gobierno de Tayikistán en abril.

El proceso de venta del avión presidencial, que tardó cinco años en concretarse, ha estado envuelto en secretismo y falta de claridad. A pesar de múltiples solicitudes de información, las autoridades involucradas se han negado a proporcionar detalles precisos sobre el desperfecto detectado en la aeronave, así como la fecha y forma en que fue descubierto, y las recomendaciones para su reparación antes de ser vendido.

La Silla Rota, medio de comunicación mexicano, ha presentado seis solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, pero ninguna ha recibido una respuesta precisa y clara. La Oficina de la Presidencia de la República afirmó que no es competente para atender estas solicitudes y remitió a los solicitantes al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

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Sin embargo, el Indep respondió alegando que la información solicitada está disponible en los boletines de prensa del gobierno federal y Banobras, donde se menciona el precio de venta del avión (1658.7 millones de pesos, equivalentes a 92.1 millones de dólares) y la adquisición por parte del gobierno de Tayikistán. Estos comunicados no ofrecen detalles sobre el desperfecto ni el dictamen valuatorio.

Las respuestas de las autoridades han sido poco esclarecedoras. La Secretaría de Hacienda se declaró “notoriamente incompetente”, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que no encontró evidencia documental relacionada con el tema y remitió a Indaabin, el cual declaró no ser competente para conocer la solicitud. Finalmente, Banobras, como promotor de la venta, se escudó en la reserva de información alegando que su divulgación podría afectar la seguridad del gobierno de Tayikistán y perjudicar las relaciones bilaterales.

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