En una revelación impactante, Annel Vázquez Anderson, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, anunció hoy que el gobierno de México no ha proporcionado información sobre el destino de al menos 5,980 millones de pesos ahorrados en 2021 como resultado del plan de austeridad. Esta declaración se produjo durante la presentación del segundo “Informe sobre el combate a la corrupción: El país y las entidades federativas 2021”, que arrojó luz sobre las preocupantes prácticas presupuestarias del Ejecutivo federal.
La especialista expresó su inquietud sobre la falta de datos sobre el uso de estos ahorros y la ausencia de un análisis adecuado de la reducción de partidas presupuestales. La mayoría de estos ahorros provienen de gastos operativos y servicios personales. Según el informe, el gobierno federal carece de bases de datos para rastrear el destino de estos recursos, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
El “Informe sobre el combate a la corrupción” es una investigación exhaustiva que evalúa el desempeño de las instituciones anticorrupción en México y analiza cómo se manejan los presupuestos en todo el país. Durante la investigación, se examinaron detenidamente las cuentas públicas de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para identificar prácticas de discrecionalidad y el uso de recursos por parte de las dependencias gubernamentales.
Entre las áreas analizadas se encuentran las adecuaciones presupuestales, los gastos directos, los fideicomisos, los ahorros y las contrataciones públicas. Según Vázquez Anderson, de los 4,253 millones de pesos destinados a gastos indirectos en 2021, 2,824 millones se destinaron al ramo de bienestar, con un 80.7% etiquetado para el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
El informe también destacó que de los 253 fideicomisos del gobierno federal, 25 concentraron un asombroso total de 482,773 millones de pesos, con 20 de ellos bajo la coordinación de la SHCP y los otros cinco entre la Secretaría de Salud y la Defensa Nacional (Sedean). Estas entidades fueron las principales receptoras de recursos según el presupuesto de egresos.
Además, se reveló que el 80% de las contrataciones públicas se realizaron por adjudicación directa, mientras que solo el 10% fue a través de licitación pública. Las instituciones con más contrataciones fueron el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El informe concluye con la preocupante falta de coordinación y resultados conjuntos entre las instituciones públicas, así como la carencia de políticas estatales en materia anticorrupción que reflejen el sistema nacional. Los datos para esta investigación se recopilaron a partir de 426 solicitudes de información y el análisis de 31 bases de datos públicas de ocho instituciones federales, conteniendo más de un millón 880 mil datos abiertos.
