Tras varios años de cuestionamientos a las compras consolidadas en los gobiernos de la Cuarta Transformación, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió enfrentar presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y anunció el inicio de una investigación contra los responsables.
En la conferencia matutina de ayer, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que se detectó un sobrecosto de 13 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y material de curación. Este monto representa el 6 por ciento del total de la compra consolidada para el periodo 2025-2026.
Clark explicó que 175 medicamentos e insumos fueron adjudicados a proveedores que no ofrecieron el mejor precio en la licitación, lo que levantó sospechas de corrupción. Ante esta situación, funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la empresa paraestatal encargada de estas adquisiciones, fueron separados de sus cargos mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
“Tan pronto como obtuvimos los resultados de la licitación, identificamos que no habíamos comprado a los proveedores que ofrecieron los precios más bajos”, admitió el subsecretario.
La presidenta Sheinbaum intervino durante la exposición para aclarar que los productos involucrados aún no han sido entregados a las instituciones de salud, por lo que las compras están en pausa hasta que se esclarezcan las irregularidades.
“En caso de que la Secretaría Anticorrupción determine que hubo una actuación irregular, esas piezas no generarán un perjuicio al erario, ya que no se han adquirido”, aseguró Clark.
Sin ofrecer detalles sobre los implicados, Sheinbaum adelantó que podrían enfrentar sanciones administrativas y penales si se confirman las irregularidades.
Desde octubre de 2024, Iván de Jesús Olmos dirige Birmex, después de haber fungido como director jurídico de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
La compra consolidada, que se resolvió el 13 de enero, quedó incompleta, ya que solo se lograron adjudicar contratos para el 39.4 por ciento de los medicamentos e insumos. Esto obligará a una segunda ronda de licitación o a adquisiciones directas, una práctica que suele implicar costos más elevados.
