La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazaron las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Olivier de Frouville, quien advirtió sobre la situación crítica en México respecto a este delito.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación afirmó que el gobierno federal “no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado” y reiteró su compromiso con los derechos humanos y el combate a la violencia.
El pasado viernes, el CED de la ONU informó que aplicará a México el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que podría llevar el caso a la Asamblea General de la ONU si se determina que las desapariciones se practican de manera generalizada o sistemática en el país.
“Recibimos informaciones que, en nuestra opinión, contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”, declaró De Frouville.
Ante esta declaración, el gobierno mexicano aseguró que analizará la solicitud cuando sea recibida y compartirá las acciones y programas que ha implementado para combatir este problema.
“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”, afirmó el comunicado.
CNDH rechaza crisis de desapariciones
Por su parte, la CNDH, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que las declaraciones de De Frouville están fuera de contexto y descartó que en México exista una crisis de desapariciones. La comisión rechazó que este problema sea consecuencia de una política de Estado.
No obstante, organizaciones como Causa en Común han señalado que en el sexenio pasado se reportaron más de 53 mil personas desaparecidas en el país y que la impunidad en estos casos alcanza el 99%.
El debate sobre las desapariciones forzadas en México sigue abierto, mientras el gobierno federal defiende sus políticas y organismos internacionales alertan sobre la gravedad del problema.
