La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó “riesgos para la seguridad nacional” para no dar información en torno al software de espionaje ‘Pegasus’, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.
Así lo da a conocer este miércoles el diario Reforma, que señala que la consejería no quiso facilitar el acceso a informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como reservados por cinco años, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) había ordenado su difusión.
El reporte del periodista Víctor Fuentes consigna que la Consejería Jurídica acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se considere a la UIF como una entidad de seguridad nacional, por lo que estaría en riesgo su labor si se difunden sus investigaciones.
“Si la Corte admite los recursos del Ejecutivo, por ley suspenderá también por tiempo indefinido las órdenes del INAI emitidas en noviembre pasado”, menciona el diario.
En julio, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que en 2014, la antigua Procuraduría General de la República (PGR) contrató a la empresa Tech Bull para adquirir el software Pegasus para espionaje telefónico por 32 millones de dólares. También anunció el bloqueo de cuentas a 24 personas y empresas relacionadas con esta adquisición.
Refirió que la operación se concretó con una firma de Tomás Zerón, quien en aquel momento se desempeñaba como jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Recalcó que no es el primer caso que se tiene de adquisición de malware en el país, ya que el primero se remonta a la administración de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna contrató un software.
Detalló que las dependencias que hicieron contratos con empresas vinculadas con Pegasus entre 2012 y 2018 son PGR, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno de Veracruz, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda de Chiapas, Gobierno del Estado de México, Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Afirmó que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018 y que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha hecho este tipo de convenios por el Gobierno Federal.
Agregó que se entregaría toda la información a la Fiscalía General de la República (FGR) y se daría vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posibles temas vinculados a evasión fiscal.
