Ciudad de México, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno decidió no aplicar el impuesto a los videojuegos incluido en la Ley de Ingresos, al considerar que su implementación resulta impracticable y carece de bases claras para definir qué contenidos deberían ser sujetos al gravamen.
Durante su explicación, la titular del Ejecutivo federal reconoció que, aunque la medida fue avalada por el Congreso, la Administración optó por dejarla sin efecto y sustituirla por acciones preventivas dirigidas a jóvenes y adolescentes, enfocadas en la construcción de la paz y la prevención de adicciones.
“Yo pedí que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se eliminó de la Ley de Ingresos, pero tomamos la decisión de que no se cobre. Es muy complicado distinguir entre un videojuego violento y uno que no lo es. ¿Quién define eso? Por esa razón resolvimos no aplicarlo”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que, además de los obstáculos técnicos, el Gobierno concluyó que un gravamen no es la herramienta adecuada para atender los posibles riesgos asociados al uso de videojuegos, particularmente aquellos que operan en línea.
“Muchos de estos juegos generan adicción, implican gasto económico y pueden promover conductas violentas. Por eso consideramos mejor retirar el tema de los impuestos y apostar por una campaña orientada a la paz y contra las adicciones”, puntualizó.
La Jefa del Ejecutivo indicó que esta estrategia buscará informar y concientizar a la población joven sobre los efectos del uso excesivo de videojuegos y su eventual vínculo con comportamientos de riesgo, como parte de la campaña nacional por la paz impulsada por su Gobierno.
El impuesto a los videojuegos había sido incorporado a la Ley de Ingresos como un gravamen especial dirigido a contenidos digitales catalogados como violentos. La propuesta contemplaba una tasa adicional, similar al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicable a la venta, descarga o uso de videojuegos, principalmente en plataformas digitales.
Desde su aprobación, la medida generó cuestionamientos por la falta de criterios claros, la indefinición sobre qué autoridad evaluaría los contenidos y las dificultades para garantizar su aplicación. También se advirtió que el impuesto podría impactar de forma generalizada a la industria del entretenimiento digital y a los consumidores, sin asegurar una reducción efectiva de la violencia.
