Ante el próximo cambio de administración, el Gobierno Federal busca cerrar el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, acusó el representante de los familiares de las víctimas, Santiago Aguirre.
En la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, se destacó que son cuatro señales que “confirman que la prioridad de esta administración es cerrar el caso dadas las altas probabilidades de que quienes confeccionaron la llamada ‘verdad histórica’ salgan pronto de sus posiciones de poder”.
Entre ellas, se encuentra la respuesta del Estado al informe sobre tortura de la ONU-DH, la filtración de los mensajes de telefonía intercambiados por presuntos involucrados en los hechos -los cuales fueron registrados por autoridades de Estados Unidos-; el fracaso de algunas acusaciones recientes y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial.
Destacó que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos en México emitió un “contundente” informe en el que concluyó que en el caso Ayotzinapa la tortura fue usada como un método de investigación y que lo que ha prevalecido es una cultura de permisibilidad de esa práctica.
En el texto Doble Injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, ONU-DH documentó 34 casos en los que se detectó el patrón de detención arbitraria, incomunicación y tortura, seis de los cuales son testimonios base de la “verdad histórica”, y alertó que las pruebas obtenidas bajo esos mecanismos ponen en entredicho el derecho de la verdad de las víctimas.
Por otra parte, representantes del Estado mexicano aseguraron que han habido avances desde la audiencia anterior de la CIDH, principalmente en los mecanismos de seguimiento y reiteraron el compromiso del gobierno de llegar a la verdad la justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Respecto al informe sobre tortura de la ONU-DH indicaron que el gobierno expresó su desacuerdo con lo que ahí se menciona, pero no lo desacredita, esto un día después de que señalara que el documento “carece de rigor metodológico y sustento jurídico”. Sobre las filtraciones de comunicaciones entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos relacionadas con el caso, dijeron que se están analizando y se realizarán solicitudes de información a las autoridades de Estados Unidos, que son quienes las tienen en su poder.
Destacaron que se han realizado más de 800 acciones de búsqueda para localizar a los jóvenes.
Entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) establecieron 360 lugares a revisar desde el año pasado, 139 de los cuales se examinaron del 27 al 29 de noviembre y del 3 al 7 de diciembre; 46, del 12 al 13 de marzo de este año, y 140, del 17 al 27 de abril, para dar un total de 325 espacios; sin embargo, no hay resultados tangibles de estas investigaciones, por lo que continuarán.
Adelantaron que el día 10 se establecerán las nuevas fechas para revisar los puntos pendientes.
Los representantes del Estado agregaron la nueva consignación de tres personas por considerar que podrían estar implicadas en la desaparición de los jóvenes, quienes tenían procesos en curso por secuestro y delitos contra la salud, entre otros.
Añadieron que por pronunciamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la CIDH, los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se trabaja en la unificación de todos los procesos del caso, para que pueda ser analizado de manera integral con un enfoque completo.
Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, reconoció que los primeros acercamientos de la CEAV con los familiares de los normalistas no fueron los adecuados, pero que convocarán a mesas de atención con las víctimas y sus representantes para analizar las solicitudes que están pendientes.
Durante su participación, los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos -quienes desaparecieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014- criticaron la falta de avances en el caso.
“Aquí estamos. Otro país, otro periodo de sesiones, 43 meses de que nuestros muchachos fueron desaparecidos, otro 10 de mayo sin nuestros hijos”, lamentó Joaquina García.
El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva expresó a los familiares que la CIDH entiende su dolor al no encontrar resultados sustanciales en las investigaciones y reiteró su respaldo al trabajo de ONU-DH en México. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, cuestionó las intervenciones de comunicaciones de defensores y abogados de los 43 normalistas. Al concluir, la presidenta de la audiencia, Esmeralda Arosemena de Tritiño, afirmó: “La búsqueda de los muchachos es una lucha en la que no podemos desmayar”.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
