El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a aceptar todas las recomendaciones, pero rechazó la primera derivada de actos de su gobierno.
El gobierno federal rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que el organismo concluyó que los cambios en el programa de estancias infantiles violan derechos humanos y, en la que, por lo tanto, sugirió dar marcha atrás en algunas modificaciones.
Las secretarías de Bienestar y Hacienda, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) afirmaron en un comunicado conjunto que la CNDH “no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna” para emitir su recomendación y que los cambios al programa de estancias infantiles no violan derechos humanos.
Las dependencias del gobierno federal también consideraron que la CNDH excedió sus facultades al determinar que existen violaciones a derechos humanos en un asunto que, en relación con mil 292 juicios de amparo, se encuentra en proceso judicial, “situación que podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad con la que actúa el Máximo Tribunal de control constitucional y convencional en materia de Derechos Humanos en el País”.
De acuerdo con las secretarías, no es válido que la CNDH apoye sus argumentos en las suspensiones provisionales concedidas en los juicios de amparo a las personas responsables de estancias infantiles, al destacar que se trata de resoluciones incidentales y no de fondo. Por otro lado, dijeron que “los únicos amparos que se han resuelto, en definitiva, han sido en sentido de sobreseimiento por determinar que no existen violaciones a los derechos humanos de las personas responsables de estancias infantiles”.
Sobre la afirmación de la CNDH sobre los inconvenientes de entregar dinero en efectivo directamente a las madres y a los padres en vez de subsidiar a las estancias, el gobierno federal dijo que “la CNDH no justifica por qué considera que las transferencias económicas directas a las familias no resultan ser un mecanismo idóneo” y que “sin algún estudio en concreto, pone en duda que dicho apoyo sea debidamente utilizado por las madres, padres y/o tutores de los niños y niñas incorporados al Programa de Bienestar para el ejercicio 20192.
Al respecto, la CNDH había indicado en su recomendación que “la ausencia en las reglas de operación del programa de mecanismos para verificar que los recursos públicos que se entreguen a las familias se destinen al pago de los servicios de cuidado infantil, impedirá medir el impacto que la inversión estatal tiene en el cumplimiento de sus derechos y los beneficios reales en su desarrollo, además, representa una medida de carácter eminentemente asistencial que no considera a niñas y niños como sujetos de derechos que ameritan la protección reforzada por parte del Estado, sino como sujetos de protección cuyo cuidado y bienestar pertenece al ámbito privado de las familias”.
Las dependencias también desestimaron las 65 quejas de padres y madres de familia respecto de los cambios en el programa, diciendo que únicamente representan el 0.7% de las 290 mil 957 madres y padres que cubre el programa.
La recomendación emitida el pasado 10 de junio y rechazada por la Secretaría de Bienestar y la SHCP es la número 71 que no es aceptada por autoridades federales desde 1990. Entre marzo de 2016 y diciembre de 2018 el gobierno federal sólo había rechazado una recomendación de la CNDH, de acuerdo con los informes de la Comisión correspondientes a 2016 y 2018.
El 10 de diciembre de 2018, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a aceptar y cumplir todas las recomendaciones de la CNDH. “El Ejecutivo federal no va a promover la violación de derechos humanos. No va a proteger a quienes violen los derechos humanos. Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vamos a respetar su autonomía”, dijo.
Sin embargo, su gobierno rechazó la primera recomendación recibida por hechos ocurridos durante el actual sexenio, pues el resto de las recomendaciones dirigidas a la administración de López Obrador estaban relacionadas con hechos ocurridos en otros sexenios.
Fuente: http://www.aristeguinoticias.com
