Gobierno federal reduce 47.8% del presupuesto en programa de atención médica

En mayo de este año, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, denunció que el gobierno federal ha reducido en un 47.8% los recursos destinados al programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en comparación con el mismo mes del año anterior.

El diputado calificó como “criminal” la decisión de dejar de invertir en la salud y criticó que, en cambio, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, el partido en el poder, hayan aumentado significativamente el gasto en la contratación de espectaculares para promocionar su imagen con miras a las elecciones de 2024.

En un comunicado, Ramírez Barba expresó su preocupación por la falta de medicamentos y atención médica para los enfermos, mientras el presupuesto destinado a la salud de la población más vulnerable se ha visto afectado. La reducción presupuestaria implica que el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral pasó de ejercer mil 427.5 millones de pesos a solo 789.2 millones de pesos.

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El diputado advirtió que esta situación es especialmente alarmante, dado que afecta a la población que carece de seguridad social y que ha sufrido desde la desaparición del Seguro Popular. Además, señaló que los recortes en el Gasto Programable Pagado del Sector Público destinado a la salud en el país han alcanzado una disminución de 4 mil 967 millones de pesos, equivalente a una caída del 16.6% en el periodo de enero a mayo de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos subejercicios del gasto, según el diputado, son evidencia de la incapacidad del gobierno federal para poner en marcha efectivamente los servicios de salud, especialmente después de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La situación ha generado inquietud y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes instan a las autoridades a reconsiderar estas decisiones que afectan directamente a la salud y el bienestar de la población más vulnerable del país.

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