Según un reciente informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus afirmaciones de ser la administración más transparente de la historia, ha dejado sin actualizar el 71% de las bases de datos de las dependencias y entidades gubernamentales. El reporte, titulado “Sin otros datos”, analizó la información tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como en otros portales de la Administración Pública Federal.
El análisis realizado por MCCI revela que de las 12,570 bases de datos públicas en la plataforma datos.gob.mx, 8,890 archivos (71% del total) no han sido actualizados en al menos dos años, lo que significa que 7 de cada 10 bases de datos con información pública están abandonadas. En el caso de la PNT, se ha observado una disminución del 36% en el número total de reportes presentados por las instituciones entre 2018 y 2022, lo que refleja un incumplimiento creciente de las obligaciones de transparencia.
A pesar de las promesas iniciales de una mayor apertura informativa, el informe de MCCI subraya que la administración de AMLO no ha cumplido con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos. Esta falta de actualización y transparencia se suma a las preocupaciones sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el cual ha estado inoperante por falta de quórum desde el 1 de abril. El presupuesto del INAI ha disminuido en un 24% en términos reales de 2018 a 2023, y su funcionamiento se ha visto obstaculizado por la falta de nombramiento de comisionados, lo que afecta su capacidad para cumplir con sus responsabilidades.
La metodología utilizada por MCCI para evaluar la cantidad y calidad de los datos de las dependencias incluye ocho componentes diferentes, tales como descargabilidad, formato abierto, accesibilidad a portal, datos actualizados, peticiones a la PNT, entre otros. La evaluación general de todas las instituciones resultó en 29.75 puntos, evidenciando una baja calificación en términos de transparencia y actualización de datos por parte del gobierno.
