En conferencia, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmintió las acusaciones de que la nueva Ley de Seguridad Nacional y el sistema de inteligencia permitirían al gobierno espiar a la población. Aseguró que es “imposible” acceder a llamadas o mensajes sin autorización judicial, enfatizando que cualquier intervención de comunicaciones o geolocalización debe contar con una orden de un juez y estar sustentada en una carpeta de investigación.
Harfuch explicó que la ley incluye controles muy claros: la Guardia Nacional, la Defensa o la SSPC solo podrán detenerse si un juez lo autoriza. También confirmó que el uso de la CURP biométrica —que podría incluir rostro o huellas digitales— será voluntario, y no existe una “megabase” centralizada que almacene datos privados sin el consentimiento de las personas.
Este mensaje se produce en un momento de preocupación pública, en medio del debate que rodea el artículo 12 —que incorpora bases de datos vehiculares, fiscales, de salud, telecomunicaciones— y el artículo 45 —que permite solicitar geolocalización al Centro Nacional de Inteligencia—. No obstante, Harfuch insistió en que no se trata de una ley de espionaje, sino de una herramienta para fortalecer la investigación y combatir el crimen organizado, con respeto a los derechos ciudadanos e intervención judicial previa.
En resumen, el secretario de Seguridad afirmó que bajo este marco legal no podrá implementarse vigilancia masiva ni arbitraria, ya que todo acceso a datos personales requiere autorización judicial y debe ser parte de procesos legales debidamente motivados.
