El proceso de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida hace ocho años se vio estremecido el sábado 24 de septiembre por la filtración en la prensa del contenido de un informe oficial del caso, lo que llevó a las autoridades a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una averiguación.
El subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, condenó la difusión en un diario de circulación nacional de partes del informe que entregó la comisión a la Fiscalía General de la República, sobre las investigaciones adelantadas en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
La filtración del informe se da semanas después que Encinas presentó a la prensa la investigación que adelantó la Comisión de la Verdad, la cual determinó que fue un “crimen de Estado” el caso de Ayotzinapa tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
En el reporte del medio nacional se revelan nuevos datos de cómo se dieron las muertes y desapariciones de los cuerpos de los jóvenes, y los actores implicados en esas acciones, informaciones sobre las que Encinas no se pronunció.
El subsecretario de Derechos Humanos consideró la filtración del informe “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes”, y dijo en su cuenta de Twitter que las filtraciones “lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.
Encinas anunció que solicitó a la FGR que inicie una indagatoria para identificar y castigar a los responsables de lo que describió como una “grave filtración”.
Al lamentar la filtración, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —que ha apoyado a los familiares de los estudiantes desaparecidos— dijo que esa acción “revictimiza a las familias”, y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades, que “actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor”, y no a la prensa.
Asimismo, el Centro Prodh manifestó preocupación por las informaciones difundidas por la prensa de que la Fiscalía General de la República supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso, que según los medios habrían beneficiado a militares.
“Estaremos analizando los alcances legales de esa decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la UEILCA (Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa)”, refiere el comunicado.
