Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó ayer que ya fueron congeladas 11 cuentas bancarias relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue detenido en Dallas, Texas, acusado de tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína y uno por declaraciones falsas.
Detalló que se trata de cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales, “incluyendo a familiares del señor García Luna”.
Nieto Castillo refirió ayer que esta semana comenzó el congelamiento de las cuentas bancarias.
La detención de García Luna se dio más de un año después de que un testigo clave en el juicio de Joaquín “Chapo” Guzmán aseguró haberle entregado al ex funcionario sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.
El funcionario remarcó que aún están a la espera de conocer los montos totales de parte de las instituciones financieras, y adelantó que las autoridades mexicanas presentarán las denuncias correspondientes sobre esa investigación. “Estamos esperando que los bancos reporten cuáles son los montos y evidentemente se presentará la denuncia correspondiente”.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la UIF aportará toda la información disponible, e indicó de la apertura de un expediente por el caso de quien también fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Vicente Fox.
“Se tiene que conocer si hubo dinero de por medio. La acusación va en ese sentido de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue, cómo se repartió, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad”, dijo el Mandatario.
Aunque primero señaló que no podía hacer un juicio “lapidario”, porque el detenido es un presunto señalado, criticó que quien fuera responsable de la seguridad de los mexicanos estuviera vinculado a criminales.
“Imagínense, las autoridades responsables de la seguridad, sobornadas. Ahora sí que ¿qué garantía para los ciudadanos? Si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. Por eso insistimos mucho en la honestidad”, puntualizó.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, opinó que “toda persona tiene derecho a tener un juicio justo y tener una defensa adecuada”.
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