Ciudad de México. — Durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el crimen organizado sustrajo cerca de 100 millones de litros de combustible robado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al comparecer ante el Senado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
“Se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país”, señaló el funcionario, al detallar que las operaciones se concentraron en estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
El titular de la SSPC explicó que el robo de hidrocarburos sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, por lo que la estrategia de seguridad ha priorizado la detección de tomas clandestinas y la desarticulación de redes empresariales involucradas en la comercialización ilegal.
Entre los resultados, García Harfuch mencionó la detección de mil 938 tomas clandestinas, así como el aseguramiento de tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, utilizados para el transporte y almacenamiento del combustible sustraído.
Uno de los operativos más relevantes, destacó, fue el realizado en Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel en Tampico gracias a una acción conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia dependencia.
“Derivado de este aseguramiento se capturaron 15 personas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre ellas empresarios y servidores públicos vinculados al mercado ilícito de combustibles”, detalló.
De acuerdo con la investigación, la red criminal operaba mediante documentación falsa y la complicidad de empresas transportistas, lo que permitía movilizar el combustible robado a gran escala sin ser detectado.
García Harfuch afirmó que estas acciones han debilitado las estructuras financieras del crimen organizado, al tiempo que reconoció que la lucha contra el huachicol “requiere coordinación constante entre autoridades federales, estatales y municipales”.
