Las empresas de telefonía y el Gobierno Federal podrían dejar sin servicio hasta 30 millones de mexicanos que no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
Así lo afirmó este martes Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group, durante el foro virtual de la asociación civil Causa en Común, donde se abordó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el pasado 17 de abril, que crea el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).
“Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa”
Entre los datos que se exige en dicha ley están número de línea, fecha de activación, nombre del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y la polémica recopilación de la huella digital, reconocimiento de voz y el iris.
Además, Negrete aseguró que el PNUTM agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información en un país donde, además, el 70 % de las líneas son de prepago.
“Lo único que está estimulando esta iniciativa es que exista un mercado negro de contenedores con toneladas de (tarjetas) sims que van a llegar acá a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada”
Por su parte, María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, aseveró que solo 17 países de corte “autoritario”, como Venezuela, China, Nigeria y Paquistán, exigen los biométricos a los usuarios. “Un padrón con estas características puede ser una catástrofe, especialmente para los más pobres, además es solo propio de dictaduras”, expresó.
Mientras que Max Kaiser, presidente de la comisión anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que es muy peligroso que con esta medida legislativa se busque invadir la esfera de privacidad de las personas.
Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Sin embargo, la reforma está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos.
Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el pasado 27 de abril que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fuente: https://www.infobae.com
