Hace un cuarto de siglo, el 22 de diciembre de 1997, se cumplieron los presagios más funestos para las comunidades de Las Abejas y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Los Altos de Chiapas: 45 personas de la organización civil pacifista de Las Abejas fueron asesinadas brutalmente en unas pocas horas por un grupo paramilitar ya plenamente identificado para entonces.
La masacre nunca fue olvidada. No sólo por los sobrevivientes, quienes durante 25 años han enseñado al país lo que es resistir pacíficamente y demandar con dignidad. Tampoco por los indígenas de todo México ni por millones de personas en el mundo. Acteal ocupa un lugar relevante en el calendario universal de la infamia, parafraseando a Borges.
Chiapas llevaba dos años de creciente violencia paramilitar en respuesta de guerra al levantamiento zapatista, disfrazada oficialmente como “intra o intercomunitaria” o por “diferencias religiosas”. En 1995 se desencadenó el grupo Desarrollo, Paz y Justicia, organización presuntamente civil, pronto paramilitar, relacionada con el Ejército Mexicano, ampliamente desplegado en la zona Norte de los choles, y muy beneficiada por programas del gobierno.
En 1997 la actividad paramilitar se desató en Chenalhó, y a partir de mayo la historia fue de asesinatos, viviendas y parcelas saqueadas y quemadas. Se había denunciado a las personas involucradas, el ingreso de armas de fuego a ciertas comunidades tolerado por cuerpos policiacos y controles militares. Pronto hubo miles de desplazados, completamente desposeídos, en el invierno lluvioso de 1997. Abejas y bases zapatistas establecieron campamentos en Polhó y Acteal, respectivamente. Asesinatos y ejecuciones pavimentaron el camino de la matanza.
No había que ser demasiado suspicaz para “olerse” lo que venía. Lo que para principios de diciembre de ese año, parecía inminente. Sin embargo, los hechos rebasaron lo imaginable. Cuando Gonzalo Ituarte, de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, comunicó al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani y a su subsecretario Uriel Jarquín, los reportes de balaceras en el campamento de desplazados de Acteal, estos se comprometieron a “investigar”.
Eran las 14 horas del lunes 22 de diciembre. A las 18 horas, Tovilla Cristiani notificó a Ituarte que la situación estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
A la misma hora llegaban las primeras ambulancias de la Cruz Roja con los heridos sobrevivientes de esos pocos tiros. La responsabilidad del Estado en el crimen resultó mayúscula. “Su” gente atacó por la espalda y balaceó a indígenas que oraban o lloraban. Balas y machetes cortesía del gobierno de Ernesto Zedillo, por la vía obediente del gobernador Julio César Ruiz Ferro y la astucia contrainsurgente del general Mario Renán Castillo, al mando de todas las tropas federales en la llamada “zona de conflicto”.
Pasaron 23 años para que el gobierno federal reconociera la responsabilidad del Estado en la masacre, en voz de los subsecretarios de Gobernación Alejandro Encinas y Martha Delgado Peralta. Hoy, los reclamos de justicia de la organización histórica de Las Abejas siguen en pie; han decidido esperar el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó el caso en 2005.
