Seis años después de la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex que dejó 137 muertos, el robo de combustible sigue siendo un grave problema en Hidalgo. Habitantes del municipio de Tlahuelilpan aseguran que “sabemos quiénes son los que venden huachicol”, pero prevalece el silencio por temor y desconfianza en las autoridades.
Datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM confirman que Hidalgo continúa liderando el ranking nacional de tomas clandestinas desde 2018, con más de 2,000 puntos de extracción. La tragedia del 18 de enero de 2019 marcó un punto de inflexión, pero no logró erradicar este delito, que los lugareños califican como un “cáncer” para la región.
La explosión ocurrió en el kilómetro 226 del poliducto Tuxpan. Aunque se abrieron 59 carpetas de investigación ese mismo año, hasta hoy no se han esclarecido las responsabilidades ni sancionado a ningún funcionario de Pemex por negligencia, según la información obtenida por transparencia.
Pemex, por su parte, afirma haber reforzado la seguridad en sus instalaciones y trabajado con las fuerzas federales para combatir el robo de combustible. Además, tras la tragedia, entregó donativos al municipio, incluyendo combustible, asfalto, una ambulancia, una patrulla y un terreno valuado en casi 38 millones de pesos para un nuevo panteón.
Sin embargo, habitantes y expertos consideran insuficientes estas medidas. Alejandro Pérez Castañeda, periodista que documentó la explosión, sostiene que “el problema del huachicol persiste porque nunca se atacó de raíz”.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres estimó que el costo total de la explosión ascendió a 85.6 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos reportados por las autoridades, la tragedia de Tlahuelilpan sigue siendo un recordatorio de los riesgos del mercado ilícito de hidrocarburos en México.
