El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó una controversia constitucional para impugnar su inclusión como una de las dependencias responsables del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, decretado por el Ejecutivo el pasado 2 de junio.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia concedió este jueves una suspensión para que el Inegi no sea obligado a participar en siete “estrategias” y “acciones” del Programa, mientras se tramita el juicio para aclarar si el decreto residencial viola su autonomía constitucional.
“Lo que se impugna de las ‘Estrategias Prioritarias’ y ‘Acciones Puntuales’ es la inclusión del Inegi en las obligaciones de realizar diversas actividades en materias de estadística y geografía, cuando es el órgano de gobierno (Junta de Gobierno) del Inegi quien debe decidir las actividades que en esas materias realizará, ello en atención a la autonomía consagrada en los artículos 26, Apartado B, Constitucional, 52, 59 y 77 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, afirma la demanda.
La operación del Sistema de Información Territorial y Urbana, la identificación de municipios con mayores carencias y el desarrollo de un sistema de información de vivienda abandonada o vandalizada, son algunas de las acciones en las que el Programa Nacional señala al Inegi como una de las entidades responsables de la instrumentación.
“Procede conceder la medida cautelar para suspender todos los efectos y consecuencias de los artículos impugnados del Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024 y los artículos impugnados del Programa, únicamente por cuanto hace al ámbito competencial del órgano constitucional autónomo actor, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, ordenó el Ministro Luis María Aguilar.
La Corte puede tomar entre uno y dos años para resolver si el decreto violó la autonomía del Inegi y, mientras tanto, el Ejecutivo tendrá que encontrar la manera de colaborar con ese órgano sin que se le pueda obligar.
El Inegi se ha visto involucrado en varias controversias recientes en la Corte. Esta semana, el Ministro Aguilar concedió al Estado de México una suspensión para que, en el cálculo de participaciones federales, no se le apliquen los resultados del Censo de Población 2020, en el que la entidad tiene un millón menos habitantes que en el conteo previo.
Además, éste es uno de varios órganos autónomos que acaban de impugnar la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que impide a sus mandos ganar más que el Presidente de la República.
En junio de 2020, la Corte concedió un amparo a una organización no gubernamental, en el que por primera vez ordenó al INEGI realizar un censo especifico, en este caso, en materia de asentamientos irregulares en situación de pobreza.
