El alargamiento de los procesos penales derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los detenidos, ha impedido que haya sentencias en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público”, afirmó la Procuraduría General de la República (PGR).
Al cumplirse este miércoles cuatro años de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, la PGR aseguró que se han atendido las líneas de investigación planteadas por los abogados de los familiares de los estudiantes y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las que se consideran necesarias a partir de la información que va surgiendo de las indagatorias.
Reiteró que a la fecha, 60 implicados, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, están bajo proceso penal por el delito de secuestro en agravio de los estudiantes y 50 por otros delitos, como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La dependencia informó que mil 447 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y han realizado mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.
En materia de búsqueda, la dependencia explicó que se han efectuado —entre otras tareas— 650 acciones pie-tierra, en coordinación con distintas corporaciones, así como aplicando tecnología Lidar en superficies de aproximadamente 1 kilómetro y 60 kilómetros cuadrados, en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.
La PGR detalló que se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, trabajo en el que intervinieron de manera directa integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Procuraduría General de la República, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georradar y también con binomios caninos.
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