Impulsada por organizaciones civiles, la iniciativa “Que los más ricos paguen” busca justicia fiscal en México

Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy la iniciativa ‘Que los más ricos paguen’, con el objetivo de lograr una mayor justicia fiscal en México y aumentar la recaudación de impuestos en el país.

Diego Merla, coordinador de justicia fiscal en Oxfam México, expuso en una conferencia el lema de la iniciativa: “Que pague más quien más gana y que reciba más quien menos tiene”. El principal objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 31 de la Constitución para introducir la progresividad en el sistema fiscal, de manera que las personas con mayores ingresos contribuyan con un porcentaje mayor al erario público.

Durante la conferencia, Máximo Jaramillo, cofundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (InDesig), señaló que en los últimos años la recaudación en México apenas ha aumentado y representa solo el 16% del Producto Interno Bruto (PIB). En comparación, Brasil recauda el 32% de su PIB, mientras que países como Bolivia, Honduras y Nicaragua, que tienen mayores niveles de pobreza, alcanzan el 24%.

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Jaramillo también resaltó que el sistema fiscal mexicano no logra redistribuir la riqueza, lo que implica que la desigualdad económica persista. Además, hizo hincapié en la necesidad de una reforma fiscal urgente, ya que, a pesar de los esfuerzos recientes, los ingresos por impuestos solo han aumentado un 2% desde 2018.

La diputada María Clemente, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido gobernante en México, expresó su apoyo a la iniciativa durante la conferencia. “Nos sumamos porque es una de las causas que nuestro partido ha prometido proteger”, afirmó. Asimismo, destacó la importancia de que la propuesta sea discutida durante el periodo de presupuesto en la Cámara de Diputados y presionó a los políticos para que respalden esta iniciativa.

Una vez presentada, la iniciativa deberá ser remitida a una o varias comisiones. Posteriormente, se llevará al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Finalmente, se enviará al Ejecutivo, quien tendrá la opción de vetarla o aprobarla.

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