El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en el centro de un escándalo tras asignar de manera directa cuatro contratos por más de mil 100 millones de pesos a una empresa cuestionada, revela una investigación del diario Reforma.
La empresa en cuestión, Grupo PM Soluciones, ha levantado sospechas debido a la falta de transparencia en sus operaciones. Según el reportaje del periodista Benito Jiménez, la compañía no aparece en el Registro Público de Comercio y ha proporcionado direcciones que parecen ser “fantasma”, sin relación real con la empresa. Ejemplos de estas direcciones incluyen propiedades en alquiler y espacios que se encontraban vacíos.
El IMSS habría contratado a Grupo PM Soluciones hasta el año 2024 para servicios de informática y desarrollo de software. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no existen pruebas de que los “servicios informáticos” contratados fueran realmente necesarios.
El escándalo se amplifica debido a que la ASF emitió una recomendación al IMSS por el millonario contrato firmado con Grupo PM Soluciones, destacando la falta de evidencia en la ejecución de los servicios y la ausencia de mecanismos para validar el mantenimiento o corrección de fallas.
Este no es el primer incidente en el que la empresa está involucrada. La ASF también encontró irregularidades en un contrato con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde se reportaron diferentes direcciones y se descubrió que equipos supuestamente contratados no podían ser encontrados.
Además, se reveló que Marisol González Lozano, socia y directora ejecutiva de la empresa, había reportado en 2016 un domicilio en un “modesto barrio de Popotla”, mientras que actualmente reside en una lujosa área residencial, lo que levanta más dudas sobre la transparencia de las operaciones de Grupo PM Soluciones.
Las investigaciones también señalan a Borsalino González Andrade, director de Administración del IMSS y amigo cercano de Zoé Robledo, como figura clave en estas decisiones controvertidas. El escándalo pone en entredicho la integridad del proceso de contratación en el IMSS y destaca la necesidad de una mayor supervisión y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
