El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha informado que actualmente se encuentran pendientes de votación 5,230 recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales. Estos números preocupantes se dan a 68 días desde que el organismo quedó sin el quórum legal necesario para sesionar.
El INAI se ha mantenido inoperante desde el 31 de marzo, fecha en la que concluyó el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña. Tras su salida, el pleno quedó conformado únicamente por cuatro de los cinco comisionados requeridos para alcanzar el quórum y llevar a cabo las sesiones.
La responsabilidad de designar a los nuevos comisionados del INAI recae en el Senado de la República. Sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo la votación correspondiente, a pesar de que existe una orden judicial que obliga a resolver la designación.
Dicha orden fue dictada por la jueza Celina Angélica Quintero, titular del Juzgado Decimoséptimo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien otorgó una medida cautelar a Francisco Ciscomani, consejero ciudadano del INAI, el cual promovió un amparo para que el Senado nombre a un nuevo comisionado.
No obstante, la Comisión Permanente del Congreso ha rechazado convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para abordar la designación de los comisionados del INAI. Con 16 votos a favor y 20 en contra, los legisladores que conforman la Comisión Permanente no consideraron urgente la orden emitida por la jueza federal Celina Angélica Quintero Rico el pasado 26 de mayo.
Con la designación de al menos un nuevo comisionado en el INAI, se espera que el pleno de este organismo autónomo pueda reiniciar sus sesiones después de casi dos meses de inactividad.
Es importante destacar que, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el pleno del INAI requiere de la participación de cinco comisionados para poder sesionar. Sin embargo, en la actualidad solo cuenta con cuatro, lo que ha generado retrasos en la toma de decisiones y resolución de recursos relacionados con la transparencia y protección de datos en el país.
