El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presidido por Blanca Lilia Ibarra, ha presentado una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta al nuevo decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasifica las obras de infraestructura como de seguridad nacional.
El pasado jueves 18 de mayo, el presidente publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que declaró que proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otros, son considerados de seguridad nacional y de interés público.
Los comisionados del INAI han señalado que este nuevo decreto viola la suspensión otorgada por la SCJN en la controversia constitucional 217/2021, presentada en diciembre de 2021 para impugnar el acuerdo emitido por el Ejecutivo el 22 de noviembre de ese mismo año, en el cual se declaraban como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal.
De acuerdo con los comisionados del INAI, la Corte determinó que la suspensión de todos los efectos y consecuencias del acuerdo era procedente al admitir la controversia constitucional, ya que su implementación implicaría una restricción al derecho a saber, debido a que la información relacionada con estos proyectos y obras podría ser considerada reservada por seguridad nacional e interés público.
El INAI ha concluido que el decreto publicado por el Presidente de la República está redactado en los mismos términos que el acuerdo de noviembre de 2021 y, por lo tanto, viola la suspensión otorgada por la SCJN. Esto podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otros.
Es importante destacar que la suspensión sigue vigente, ya que la controversia constitucional aún no ha sido resuelta en su totalidad, según ha señalado el INAI.
Además del recurso de queja presentado ante la SCJN, los comisionados del INAI han solicitado que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se espera sea dictada en la sesión del lunes 22 de mayo, se apliquen también al decreto publicado el jueves. Esto se debe a la similitud existente entre ambos documentos, ya que ambos clasifican las obras de infraestructura a cargo del gobierno federal como de seguridad nacional e interés público, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad.
Por otro lado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, liderada por Manuel Añorve, ha solicitado a la Secretaría de Hacienda un informe detallado sobre los recortes presupuestarios al INAI desde 2018. Los legisladores del PRI desean conocer los montos de los subejercicios registrados en el presupuesto del instituto, así como las razones por las cuales no se ha utilizado el gasto asignado. También solicitan información sobre el impacto de estos recortes en las funciones y atribuciones del instituto para su operación.
