INE ajusta presupuesto para elecciones judiciales

Recorte de 7 mil millones de pesos reduce costos a 6 mil 132 millones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado una significativa reducción en el presupuesto destinado a las elecciones del Poder Judicial, que se llevará a cabo con un monto de 6 mil 132 millones de pesos, tras los recortes solicitados por el Gobierno Federal. Este ajuste representa una disminución de más de 7 mil millones de pesos respecto a la proyección inicial de 13 mil millones.

La noche del miércoles, los consejeros electorales presentaron un proyecto que detalla las modificaciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral con el nuevo presupuesto. Entre los cambios más destacados se encuentra la reducción del número de Centros de Votación, que se establecerán entre 70 y 80 mil, en comparación con las 170 mil casillas inicialmente planeadas.

Además, se ha decidido descartar el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramientas que tradicionalmente se utilizan para informar sobre los resultados de las elecciones de manera rápida y transparente.

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El INE también ha realizado ajustes en la contratación de personal electoral, reduciendo el número de supervisores y capacitadores de 50 mil a solo 30 mil. Esta disminución podría afectar la formación y supervisión de los funcionarios de casilla durante el proceso electoral.

Este viernes 20 de diciembre, el Consejo General del INE llevará a cabo una sesión en la que se abordarán varios temas importantes. Entre ellos, se realizará el sorteo de la letra del alfabeto para seleccionar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. También se discutirá la convocatoria para observadores electorales y la ampliación de la vigencia de la credencial para votar, que se extenderá del 31 de diciembre al 1 de junio.

Con estos cambios, el INE busca garantizar la realización de las elecciones judiciales en un contexto de restricciones presupuestarias, aunque la reducción de recursos ha generado preocupación sobre el impacto en la calidad y transparencia del proceso electoral.

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