Este martes 6 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo una reunión privada para analizar la solicitud del Senado de cancelar los registros de 26 aspirantes al Poder Judicial que presentan antecedentes penales. La petición surge en el contexto de las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025, en las que se elegirán 881 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales.
De las 26 candidaturas impugnadas, 18 corresponden a personas con antecedentes por delitos graves como abuso sexual, peculado y vínculos con el crimen organizado. Las otras ocho fueron objetadas por no cumplir con el promedio académico mínimo requerido. A pesar de haber superado los filtros de idoneidad establecidos por los comités de evaluación, estas postulaciones han generado gran polémica y preocupación entre la ciudadanía y organizaciones civiles.
El INE ha habilitado un mecanismo para investigar a los candidatos que hayan incurrido en delitos graves relacionados con violencia de género y otros. Aunque el organismo no puede impedir su participación en las elecciones, sí podrá utilizar esta información al momento de validar y otorgar las constancias de mayoría el 15 de junio. La decisión final sobre la anulación de triunfos recaerá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La situación pone en duda la legitimidad del proceso electoral para elegir cargos judiciales, generando preocupación respecto a la certeza y transparencia del mismo. La ciudadanía y organizaciones civiles han denunciado irregularidades en la selección de candidatos, lo que ha incrementado la presión sobre el INE para garantizar un proceso limpio y justo.
