El Instituto Nacional Electoral (INE) anuló este viernes el triunfo de 46 candidatos electos para jueces y magistrados durante la elección judicial del pasado 1 de junio. De ese grupo, 45 no alcanzaron el promedio académico mínimo exigido —un 8 en Derecho o un 9 en la especialidad— y uno estaba en prisión preventiva por abuso sexual infantil, por lo que sus cargos quedaron declarados vacantes.
La validación final de la elección se decidió con una votación dividida entre los consejeros, con seis a favor y cinco en contra de mantener los resultados. Ahora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinará si las vacantes se asignan a los segundos lugares o si se declaran nuevos comicios.
El ajuste también incluyó detalles cuantitativos: tres magistrados y seis jueces no alcanzaron el promedio de ocho en licenciatura, mientras que 21 magistrados y 15 jueces no cumplieron con el promedio de nueve en su especialidad. El caso del candidato Héctor Ulises Orduña, quien ganó desde prisión preventiva en Veracruz, acaparó atención y fue incluido entre los afectados.
Las discusiones internas del INE también abordaron irregularidades en la campaña, como el uso de “acordeones” —material con nombres de candidatos— aunque algunos consejeros consideraron su impacto marginal. La participación ciudadana fue inferior al 13%, una marca histórica baja que refuerza las críticas sobre la legitimidad del proceso.
La decisión de hoy refleja las deficiencias en la evaluación previa de los aspirantes y marca un precedente: la elección judicial, impulsada como una reforma histórica, enfrenta ahora una revisión profunda ante denuncias por falta de filtros adecuados. En los próximos días, el TEPJF determinará el rumbo de los 46 cargos pendientes de asignación.
