El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado luz verde al financiamiento público que recibirán los partidos políticos de México de cara a las elecciones del 2024. El monto, que abarca tanto el financiamiento de campañas como los recursos destinados al funcionamiento ordinario de los institutos políticos, ha generado debates y opiniones encontradas.
El financiamiento aprobado engloba diversas áreas, desde el pago de nóminas y servicios públicos hasta la financiación de actividades específicas como capacitación, investigaciones e impresiones de libros. De esta manera, los montos asignados son considerables: Morena lidera la lista con un presupuesto global de 3,130 millones de pesos, seguido por el PAN con 1,876 millones, el PRI con 1,838 millones, Movimiento Ciudadano con 988 millones, el PVEM con 864 millones, el PT con 722 millones, y finalmente, Encuentro Social con 690 millones.
Los representantes de los partidos han defendido el financiamiento asignado, argumentando que su distribución está diseñada para evitar la entrada de dinero ilegal en la política. Se ha subrayado que estos recursos públicos deben ser transparentes y fiscalizados, con origen lícito y límites máximos, para garantizar la equidad en la contienda electoral.
Durante la sesión, tanto Morena como el PRI han justificado la necesidad de este financiamiento argumentando que mantener la democracia tiene un costo y que es esencial para evitar la influencia indebida de empresarios y otros intereses privados en la toma de decisiones políticas.
Los consejeros del INE han exhortado a los partidos políticos a utilizar estos recursos de manera responsable y consciente, recordándoles que el dinero proviene de los impuestos de los ciudadanos. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, aclaró que la institución ejecuta la distribución de recursos, pero no define la fórmula para ello.
Un llamado importante provino de las consejeras electorales, quienes han exigido a los partidos destinar el 3% de su financiamiento ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Han destacado que esto no solo es una obligación constitucional, sino una forma de promover la igualdad sustantiva en la política.
La presidenta del INE también enfatizó la necesidad de revisar la efectividad de los gastos programados y evaluar si están cumpliendo su propósito en términos de promover la igualdad y la transparencia en la política. La discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos continuará, mientras el país se prepara para un año electoral crucial en el 2024.
