El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz están en riesgo alto de no contar con los recursos necesarios para concluir con éxito la organización de las elecciones de jueces y magistrados a nivel local en 2024. Esto sucede en un contexto en que los congresos estatales, a finales de 2024, aprobaron de último minuto la renovación del Poder Judicial en dichas entidades, lo que ha complicado aún más la planificación y logística del proceso electoral.
El INE ha solicitado a los gobiernos estatales recursos económicos suficientes para cubrir todos los gastos, que incluyen contratación de personal, organización de boletas, documentación, materiales electorales, bodegas y equipos tecnológicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los recursos entregados por las secretarías de Finanzas son insuficientes y llegan con retraso, poniendo en riesgo la correcta realización de las elecciones.
Por ejemplo, en Zacatecas, el INE solicitó aproximadamente 146 millones de pesos, pero sólo recibió 24 millones, de los cuales se destinó una parte para gastos básicos como contratación y materiales electorales. La diferencia de más de 23 millones aún no ha sido cubierta, y en una reunión con el gobernador David Monreal, los consejeros electorales expresaron su preocupación por la falta de respuesta y apoyo del gobierno local.
En Nayarit, el organismo electoral pidió más de 115 millones de pesos, pero solo ha recibido 30 millones y ha tenido que recurrir al Tribunal Electoral ante la negativa del gobierno estatal para aprobar fondos adicionales. La situación en San Luis Potosí también es crítica, ya que, pese a que solicitó cerca de 136 millones de pesos, solo ha recibido 67 millones y no cuenta con los recursos completos para cumplir con los compromisos adquiridos.
Veracruz, que también realizará elecciones de alcaldías y judiciales, tenía una asignación aprobada de casi 150 millones, pero requiere más fondos y aún no ha solicitado ampliaciones. Además, enfrenta una deuda de aproximadamente 55 millones de pesos con el INE, lo que agrava aún más la situación.
El INE ha enfatizado que estos retrasos y falta de recursos ponen en riesgo la organización limpia y transparente de los procesos electorales locales, poniendo en peligro derechos políticos y la legitimidad de los órganos judiciales en dichos estados. La situación obliga a las autoridades a buscar soluciones urgentes para evitar complicaciones en los comicios del próximo año.
