Ciudad de México, México. Que el descontento ciudadano tenga consecuencias reales para los partidos políticos, sin comprometer el pluralismo ni debilitar la integridad del sistema electoral, es uno de los ejes más innovadores del paquete de propuestas de reforma presentado por el Instituto Nacional Electoral.
Lejos de promover la desaparición del financiamiento público, el organismo electoral plantea mantenerlo como pilar del sistema, pero ajustar su fórmula para que la abstención y el voto nulo impacten directamente en los recursos que reciben los partidos. La idea central es que el rechazo ciudadano deje de ser únicamente simbólico y se traduzca en efectos presupuestales concretos.
El INE subraya que reducir o eliminar el financiamiento no resolvería un problema fiscal de fondo. De acuerdo con sus cifras, el presupuesto anual del INE representa entre el 0.2% y el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que el destinado a los partidos políticos equivale apenas al 0.08%, es decir, ocho centavos de cada 100 pesos del gasto público.
Además, advierte que estos recursos son indispensables para la subsistencia de los partidos de menor tamaño y para garantizar elecciones íntegras, equitativas y accesibles. No obstante, reconoce el malestar social frente al desempeño de los institutos políticos y propone una alternativa distinta al recorte generalizado.
En ese sentido, el organismo plantea aprovechar las ventajas de la tecnología, reforzar el sistema de fiscalización y vincular una parte del financiamiento al nivel de descontento ciudadano, de modo que la abstención y el voto nulo reduzcan las prerrogativas económicas de los partidos, sin poner en riesgo su existencia ni la calidad de los comicios.
La propuesta implica modificar el esquema actual, que distribuye recursos con base en el padrón y la votación válida, para introducir un componente que refleje cuántos ciudadanos optan por no participar o anular su sufragio, haciendo que esa decisión tenga consecuencias directas en el presupuesto partidista.
El INE insiste en que el financiamiento público ordinario debe seguir siendo la base del sistema, ya que permite a los partidos cumplir con su mandato constitucional de promover la participación democrática, fomentar la paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación y garantizar el acceso de la ciudadanía al poder público.
Por ello, propone revisar la fórmula bajo criterios de suficiencia, racionalidad presupuestaria, transparencia y fiscalización efectiva, al tiempo que plantea eliminar prerrogativas obsoletas, como la franquicia telegráfica, al considerar que han perdido vigencia y suprimirlas permitiría ahorros reales dentro del sistema de prerrogativas.
En paralelo, el Instituto reafirma que el financiamiento público debe ser la forma predominante de sostén de los partidos políticos nacionales, acompañado de mecanismos de fiscalización más eficaces y reglas que permitan aportaciones electrónicas plenamente trazables, para evitar que la reducción de recursos públicos abra la puerta a la influencia del dinero privado o criminal.
La lógica que atraviesa todas estas propuestas es clara: no asfixiar al sistema de partidos, pero sí hacerlo responder al malestar social. No eliminar el dinero público, sino convertirlo en un incentivo y una sanción democrática, donde la abstención y el voto nulo dejen de ser un simple mensaje y se reflejen directamente en el bolsillo de las fuerzas políticas.
