El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó sancionar con la pérdida del registro a nueve aspirantes a diputaciones federales por Morena que omitieron entregar sus informes de ingresos y gastos, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la sesión, el consejero Martín Faz calificó la pérdida del registro de los candidatos como “desproporcionada”; excepto para el aspirante independiente, Roberto Villaseñor Pérez, para el proceso local de Michoacán, por considerar que en este caso hay un deber reforzado para presentar el informe.
Faz consideró que la calificación de las faltas y la reindividualización ordenada por las Salas Regionales “no se cumple en su integralidad, ya que no basta enlistar los criterios que se fijaron y, por el contrario, es necesario hacer una vinculación efectiva entre los montos involucrados en cada precampaña y el impacto que éstos tuvieron en la equidad de la contienda para determinar si procede la sanción máxima”.
Para el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, “la conducta ilícita no es el monto, la conducta ilícita que estamos conociendo es, no le demos vueltas, no truqueemos las cartas, es simple y sencillamente la omisión de una obligación legal que es la de presentar por parte de las precandidatas y los precandidatos que han hecho algún tipo de proselitismo, el informe de gastos de campaña”.
Córdova explicó que esta conducta es un ilícito grave, con independencia de los montos, ya que la presentación de un informe es una obligación legal que tienen los partidos políticos, precandidatas y candidatos y “sin ese informe, la fiscalización ya se está impidiendo, se está corrompiendo”.
Para el consejero Ciro Murayama Rendón, la legislación es muy clara para poner una sanción severa “cuando se incurre en la omisión de rendir cuentas de dinero involucrado en política”.
La ley determina la obligación de los actores políticos de documentar y transparentar cada peso que gastan y la fiscalización evita que en las contiendas interpartidistas haya quien se beneficie del uso de dinero de origen desconocido o de la opacidad.
“No se está sancionando el monto cuantitativamente, sino cualitativamente la conducta consistente en tratar de ocultar la actividad política y es más, de tratar de engañar a la autoridad cuando la autoridad emplaza y lo que se dice es que no tuve actividad y ésta está documentada”, agregó.
