Ciudad de México, México.- La falta de personal, herramientas técnicas y presupuesto, así como la designación de directivos sin experiencia, mantienen desde hace más de tres meses en una situación crítica al Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de vigilancia de transparencia de los partidos políticos. La crisis ha provocado un rezago creciente: solo en los últimos dos meses, 80 ciudadanos han impugnado la falta de respuesta o la opacidad de las fuerzas políticas nacionales, recursos que el Instituto no ha podido procesar.
El consejero Arturo Castillo advirtió que la Unidad de Transparencia del INE, encabezada por José Luis Arévalo Romo, está completamente rebasada. “No están sacando el trabajo como deberían”, afirmó, al señalar fallas en la organización interna y en la capacidad operativa del área.
A la crisis interna se suma un escenario legal confuso. Tras la reforma que desapareció al INAI, quedó en el aire quién debe vigilar la transparencia de los partidos locales y agrupaciones políticas estatales. Este vacío ha sido aprovechado por los Congresos locales, que han interpretado la norma de forma discrecional: algunos establecieron que la tarea corresponde a los institutos electorales estatales (OPLES), mientras que otros colocaron la responsabilidad en el INE, pese a que sus facultades no incluyen esa función.
Actualmente existen seis partidos nacionales y cerca de 40 institutos políticos adicionales distribuidos en las 32 entidades. Castillo detalló que siete estados reformaron sus leyes y asignaron a sus OPLES la vigilancia de transparencia; 12 entidades no modificaron su normativa, pero ésta ya contemplaba esa función. En seis estados sí hubo reformas, pero no tocaron el tema, manteniendo la incertidumbre. En cuatro entidades —y próximamente Oaxaca— se determinó que debe ser el INE quien vigile a los partidos locales.
“La reforma es poco clara porque no distingue entre partidos nacionales y locales”, explicó Castillo. Añadió que, en su opinión, obligar al INE a asumir esa tarea sería inconstitucional, pues las legislaturas locales no pueden regular sus competencias.
Ante esta situación, el Consejo General del INE deberá decidir este viernes si el Instituto asumirá esas funciones o si las dejará en manos de los OPLES. En caso de inconformidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la encargada de resolver el vacío legal.
Castillo advirtió que, si el INE toma esa responsabilidad, será necesario más presupuesto, contratar personal y adquirir equipo especializado. Mientras tanto, a nivel nacional el trabajo de transparencia está prácticamente detenido. La Unidad de Transparencia argumenta que la Secretaría Anticorrupción enfrenta un problema técnico en la Plataforma Nacional de Transparencia, y, aunque ya se enviaron archivos digitales, la organización Transparencia para el Pueblo aún no entrega los expedientes físicos.
El consejero también criticó que la Secretaría Ejecutiva reubicara a 23 trabajadores de la Unidad de Transparencia hacia el Órgano Interno de Control, dejando a la unidad incompleta y con mayores dificultades para operar.
“La Unidad quedó muy debilitada… necesitamos más capacidad, mejor organización y funcionarios con experiencia”, concluyó.
