A menos de un mes de las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que no procederá con la cancelación de 26 candidaturas al Poder Judicial, solicitada por el Congreso de la Unión. De estas candidaturas, 18 han sido señaladas por presuntos vínculos con delitos graves, incluyendo abuso sexual, peculado y nexos con el crimen organizado.
El Consejo General del INE comunicará formalmente el jueves que carece de atribuciones legales para retirar dichas candidaturas antes de la elección. La presidenta del INE votó en contra de la medida, argumentando que los comités de evaluación de los tres Poderes ya realizaron la revisión correspondiente.
Esta decisión se produce en medio de crecientes presiones políticas y sociales para garantizar la integridad del proceso electoral. Organizaciones civiles han presentado denuncias contra varios candidatos, y el Congreso, dominado por Morena, ha iniciado acciones legales para impugnar las candidaturas cuestionadas.
El INE ha implementado medidas para investigar a los aspirantes y ha creado un micrositio para recibir denuncias sobre posibles antecedentes de violencia de género, delitos graves o deudas alimentarias, con el objetivo de garantizar transparencia y legitimidad en una elección ya cuestionada,
La resolución final sobre la validez de estas candidaturas recaerá en el Tribunal Electoral, que deberá equilibrar las exigencias legales con las presiones políticas y sociales en un proceso inédito y altamente controvertido.
