La autoridad electoral del país, a través del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aplicó sanciones económicas reducidas a 168 candidatos del Poder Judicial federal, así como de los poderes locales de la Ciudad de México y Sonora. Estos funcionarios ganaron en sus respectivas contiendas y aparecieron en materiales promocionales conocidos como “acordeones” digitales y físicos, los cuales fueron objeto de revisión y cuestionamiento. A pesar de la imposición de multas, el INE decidió mantenerlos en sus cargos, lo que ha generado opiniones encontradas sobre la efectividad de la sanción y su impacto en la transparencia y equidad electoral.
El Consejo General optó por esta medida al considerar que las multas, aunque bajas, son suficientes para señalar la irregularidad sin afectar la estabilidad de los funcionarios ni los procesos legales que los validan en sus posiciones. Esta determinación refleja una postura que prioriza la sanción económica como correctivo sin recurrir a la remoción inmediata, lo que puede ser un precedente en la aplicación de castigos a servidores públicos involucrados en irregularidades electorales.
En este contexto, la resolución busca equilibrar la sanción por la aparición en dichos materiales con la continuidad en el desempeño público, indicando que las multas no representan la pérdida del cargo, pero sí una llamada de atención formal sobre el cumplimiento de la normativa electoral. Así, el INE reafirma su papel como regulador y vigilante de la legalidad en los procesos democráticos, mientras mantiene una aplicación flexible y proporcional de las sanciones.
Esta decisión abre un debate sobre la efectividad de este tipo de sanciones y si representan un mecanismo suficiente para prevenir futuros incumplimientos o simplemente actúan como un castigo económico con escasa repercusión en la carrera política de los implicados.
