El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta serias limitaciones para fiscalizar a los candidatos que participan en la elección del Poder Judicial, debido a que el Gobierno federal no le entregó el presupuesto completo solicitado para organizar el proceso.
De los 13 mil millones de pesos requeridos, el Gobierno sólo aprobó 7 mil millones, lo que ha dejado al organismo electoral sin capacidad suficiente para contratar al personal necesario. Como resultado, el INE sólo logró incorporar 300 de los 600 monitoristas que se requerían para vigilar los actos e informes de 3 mil 422 candidatos a cargos federales y aproximadamente 4 mil locales.
David Ramírez, director de la Unidad de Fiscalización del INE, explicó que debido a la escasez de personal, la vigilancia se realiza de manera selectiva y aleatoria, y no es posible cubrir todos los eventos de campaña.
“Están acudiendo selectivamente a los eventos porque no nos da para ir a todos. La selección es aleatoria, salvo cuando prevemos eventos grandes, derivados de lo que observamos en redes sociales”, comentó Ramírez.
Otra dificultad que enfrenta el Instituto es la falta de experiencia de los aspirantes, ya que en esta elección, al no haber partidos políticos, los propios candidatos deben reportar sus gastos mediante el sistema habilitado por el INE. Esto ha derivado en problemas técnicos constantes, como errores en el uso del sistema, pantallas en blanco y fallas por sesiones abiertas demasiado tiempo.
“El sistema no ha tenido ninguna falla técnica. Las soluciones están a un telefonazo de distancia”, aseguró Ramírez, al tiempo que informó que reciben decenas de llamadas diarias de aspirantes que solicitan orientación para reportar sus gastos correctamente.
La combinación de falta de recursos, poca cobertura de monitoreo y problemas técnicos por inexperiencia plantea desafíos importantes para la transparencia y la legalidad de esta inédita elección judicial.
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