Ciudad de México.- A petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dejará de hacer pública información estadística en materia educativa. La medida se tomó luego de que la SEP provocara la revocación del carácter de Información de Interés Nacional (IIN) a los datos manejados por el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged).
La decisión se tomó como resultado de que la SEP promoviera desde 2022 una justificación ante el Inegi en la que asegura que no cuenta con los atributos necesarios para ser clasificada en dicha categoría. La medida entró en vigor el pasado 10 de abril después de que la Junta de Gobierno del Inegi lo hiciera público en el Diario Oficial de la Federación.
Para ser catalogada en calidad de interés nacional, la información debe cumplir con cuatro requisitos. La información debe abordar temas, grupos de datos o indicadores de diversos temas, entre ellos educación, ser necesaria para el diseño y evaluación de políticas públicas nacionales, ser información generada de manera regular y periódica, y estar elaborada con una metodología científica.
La SEP solo ha cumplido con tres de estos requisitos de manera intencional, lo que ha llevado a que la información no pueda ser difundida públicamente. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que esta determinación amenaza el acceso, la calidad y el uso obligatorio de estos datos, que son fundamentales para el diseño de políticas educativas.
La información que el Siged resguarda abarca temas como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa, que son indispensables para conocer la realidad del país y, por ende, catalogadas por el Inegi como de interés nacional por cumplir con los requisitos de rigurosidad metodológica y periodicidad.
Sin embargo, la institución educativa demostró a propósito que incumple con el tercer criterio de la Ley del SNIEG: ser información generada de manera regular y periódica, hecho por el que ya no puede ser utilizada como un insumo para la toma de decisiones, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas.
El IMCO alerta que las implicaciones de esta decisión, que afecta al ya vulnerado marco institucional de la educación en México, amenazan y transgreden la generación periódica de la información que es necesaria para la mejora educativa, y sin la cual no se podrán diseñar estrategias adecuadas con base en pruebas.
Esta resolución podría derivar en al menos tres implicaciones que pongan en grave riesgo la calidad de la educación en el país, así como vulnerar la toma de decisiones y diseño de estrategias. La información educativa dejará de ser de uso obligatorio para todas las instancias gubernamentales, y se limitará más el derecho al acceso y la transparencia ante la falta de suministro de datos por parte de organismos oficiales como el Inegi.
