El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no descarta presentar una controversia constitucional ante la política salarial del gobierno federal, pero está aprovechando el plazo legal, revisando el sustento jurídico y las comunicaciones que los ministros de la Suprema Corte están notificando a las distintas manifestaciones que se han presentado.
“Nos reservamos el derecho de hacerlo, siempre con el espíritu de dar mayor claridad jurídica para que, como órgano constitucionalmente autónomo, podamos hacer nuestra labor que está encomendada”, puntualizó Julio Santaella, presidente del instituto.
Aunque reconoció el valor de la austeridad y respeta las prioridades de cada administración, el presidente de la Junta de Gobierno del Inegi aseguró que la reducción de salarios y cancelación de prestaciones no es la mejor política de recursos humanos para retener el personal, pues es una visión “miope” que favorece la corrupción.
En conferencia con medios, explicó que el Inegi estimó que en 2019 necesitaría 17 mil millones de pesos para cumplir con sus operaciones y realizar sus proyectos; sin embargo, el presupuesto asignado fue de 12 mil 129.6 millones de pesos, que incluye un recorte de 500 millones que dictó la Cámara de Diputados.
Derivado de esto, apuntó Santaella, el Inegi se vio en la necesidad de hacer ajustes en programas rutinarios y para el personal implicó la reducción de remuneraciones de 68 servidores, así como la cancelación del seguro de separación individualizada de 8 mil 581 plazas y el de gastos médicos mayores de 12 mil 041 trabajadores, que están buscando cubrirlo por cuenta propia.
Agregó que si se observa la curva salarial que tiene el Inegi, comenzando desde el nivel más bajo operativo, de alrededor de 10 mil pesos, hasta el del presidente que son 106 mil, y la analizan expertos en recursos humanos, lo que se puede ve es que no es el mejor instrumento para una política de recursos humanos que permita reclutar el personal, desarrollarlo, retenerlo y hacerlo crecer.
“Esta serie de decisiones si bien en el corto plazo suena razonable, y nosotros ya la hemos asumido, cuando nosotros la vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que puede ser considerada relativamente miope; es decir, si nosotros queremos tener un servicio profesional de carrera, tenemos que tener una evaluación que a lo largo de unos 15 o 20 años a los servidores públicos les siga siendo atractivo dar su mejor esfuerzo”, expresó.
Y agregó que “si no, lo que vamos a tener es alta rotación de servidores públicos y nos vamos a quedar con aquellos que no van a tener las mejores competencias para el desempeño y, por lo tanto, el servicio público puede tener problema de incompetencia y, la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción”, dijo.
Al preguntarle cuál es la percepción de los trabajadores del instituto por estos cambios en las condiciones laborales, comentó que sí hay un sentimiento de que no se está valorando la aportación que hacen al trabajo.
Ante el cuestionamiento de si las condiciones laborales que se tenían antes de que asumiera el cargo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eran las adecuadas, Julio Santaella respondió que se fueron construyendo desde que el Inegi ganó autonomía en 2008, las cuales se hicieron con una visión de poder fortalecer el servicio profesional de carrera, “las que teníamos hasta 2018 eran suficientes y eran adecuadas para poder tener un servicio profesional con una visión de largo plazo; es decir, una visión estratégica”.
Con respecto a si la política de austeridad implicó despidos, comentó que en realidad muy pocos, pero lo que sí implicará es que, debido a la cancelación de proyectos, no se contratará personal eventual.
Fuente: AGENCIAS – Milenio
