La elección de jueces y magistrados federales realizada el 1 de junio de 2025 en México, la primera vez en la historia del país que estos cargos se eligieron por voto popular, ha generado gran controversia a raíz de las conclusiones del Informe Preliminar elaborado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y el politólogo Alberto Medellín. De acuerdo con este documento, la jornada electoral no representó una auténtica decisión ciudadana en las urnas, sino que fue un proceso marcado por la cooptación electoral y lo que los autores denominan captura institucional.
Uno de los principales señalamientos del informe es la bajísima participación de los votantes, pues sólo cerca del 13% de la lista nominal acudió a las casillas. Esto implica que más del 85% de los electores se abstuvo de participar, una cifra que coloca al proceso entre los de menor participación en la región. Además, el análisis destacó la existencia de mecanismos que influyeron de manera significativa en los resultados, como el uso de “acordeones”, que son listas físicas o digitales de candidatos promovidos desde estructuras oficiales para orientar el voto. Según el informe, las nueve candidaturas con más votos a la Suprema Corte fueron favorecidas por este método, dejando en evidencia que la elección estuvo influenciada por guías previamente distribuidas y no por una decisión informada del electorado.
El reporte también documenta desigualdades en la representatividad. En algunos casos, los jueces y magistrados electos solo fueron votados por una parte de la población con derecho de participar en su jurisdicción, y hubo altos porcentajes de votos nulos o sin marcar, reflejando la falta de información y la confusión general de la ciudadanía respecto a los procedimientos y a los propios candidatos.
Desde distintas voces especializadas, se ha puesto en duda que este ejercicio fortalezca realmente la independencia y la calidad de la justicia en el país. El informe concluye que, lejos de promover una verdadera democracia judicial, la reforma que permitió estas elecciones abrió la puerta a estrategias de control político y a la manipulación de la voluntad popular por intereses ajenos al bienestar del sistema judicial. La Organización de Estados Americanos también observó el proceso y subrayó la urgencia de revisar el modelo antes de pensar en replicarlo en otros lugares, debido a los riesgos de control y falta de autenticidad democrática en la designación de jueces y magistrados.
