El director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, reconoció ante la Cámara de Diputados que el problema ya no es la compra consolidada de medicamentos y material de curación, sino la distribución.
“No tenemos problema en la compra de medicamentos. Tenemos todo lo que pidieron las dependencias”, dijo en una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad y en ese sentido planteó a las bancadas legislar en materia de distribución.
Incluso expresó: “Entre la compra y que los medicamentos llegan a los pacientes, hay nueve facturas. Esto es, una empresa que le vende a otra, y esta a otra, y a otra y a otra, hasta llegar a nueve para eludir impuestos y meter medicamentos apócrifos”.
El funcionario sostuvo que las empresas con esas prácticas ya están identificadas por evasión de impuestos y malas prácticas “de meter medicamentos alterados, que no tienen conciencia para que se les den a los pacientes. Vamos con todo en esa parte”.
Durante su presentación inicial, deslindó al Insabi de la falta de medicamentos y explicó a los legisladores que las instituciones de salud introducen sus requerimientos a una plataforma, además de que medicamentos y material se compran contra los recursos de que dispone cada una.
Cuando se adquieren los insumos por el Insabi, éstos llegan a los almacenes centrales de cada una de las instituciones de salud, que a su vez son responsables de que lleguen a los pacientes a las respectivas unidades médicas.
“No nos asusta que (el desabasto) se lo acrediten al Insabi, pero no es el responsable”, insistió. Incluso refirió que la compra consolidada de medicamentos en 2020 no le es atribuible al instituto, sino a la Secretaría de Hacienda, y citó que la atribución para conducir las compras consolidadas se le otorgó hasta 2021.
Ferrer manifestó que para 2022 ya se adquirieron mil 886 claves médicas, que representan 2 mil 518 millones de piezas, por un monto de 100 mil millones de pesos y “con eso garantizamos el abasto”.
