La inesperada victoria desigual del partido gobernante de México ha generado preocupación entre los inversionistas, quienes temen que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda usar su mandato para eliminar algunos controles al poder presidencial, esenciales para la comunidad empresarial.
Durante su último mes en el cargo, en septiembre, López Obrador podría impulsar cambios significativos con el respaldo de una nueva legislatura, donde su partido, Morena, probablemente tendrá una supermayoría, permitiéndole realizar reformas constitucionales profundas.
Los analistas esperan que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, adopte un enfoque más gradual, aunque su lealtad a las políticas de López Obrador genera incertidumbre. Entre las reformas propuestas por López Obrador en febrero se incluye la reestructuración del Poder Judicial y la eliminación de agencias reguladoras clave, junto con la introducción de beneficios sociales costosos, como un plan de pensiones estatal ampliado.
Estas medidas han generado inquietud entre los inversionistas, particularmente la elección popular de jueces de la Corte Suprema y la eliminación de órganos de supervisión cruciales. Esteban Polidura, de Julius Baer, enfatiza la importancia de mantener reglas estables y un Estado de derecho para atraer inversiones significativas.
López Obrador propone reducir el número de magistrados de la Corte Suprema y someterlos a una elección extraordinaria el próximo año. Esta iniciativa ha sido criticada como un golpe a la independencia del sistema judicial, que ha actuado como contrapeso a algunas de sus políticas más extremas.
Claudia Sheinbaum ha declarado que cualquier reforma debe ser evaluada y explicada adecuadamente al pueblo mexicano. Sin embargo, con un déficit fiscal estimado del 5.9% del PIB para 2024, los planes para aumentar el gasto en pensiones y beneficios sociales podrían complicarse, según analistas como Aaron Gifford de T. Rowe Price y Damian Buchet de Finisterre Capital.
El destino de los controles y contrapesos se perfila como un tema clave para los inversionistas, quienes están particularmente preocupados por la idea de elegir jueces y magistrados mediante el voto popular, según Ramsé Gutiérrez de Franklin Templeton.
