La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones por el homicidio de cinco personas durante un operativo llevado a cabo el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estos casos no son los primeros en los que se sospecha la participación de soldados en ejecuciones extrajudiciales durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentan un total de 998 enfrentamientos contra personas armadas en distintas entidades del país desde el 1 de enero de 2019 hasta diciembre de 2022. Estos enfrentamientos resultaron en la muerte de 37 militares, 776 agresores y 11 civiles no relacionados con los hechos. Además, 269 soldados resultaron heridos, 172 agresores sufrieron lesiones y 38 personas ajenas a los enfrentamientos requirieron atención médica. Según los informes, se logró la captura de 820 agresores.
Si se toman en cuenta estos datos del Ejército y se aplican los parámetros de medición de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, se observa que el índice de letalidad del Ejército es de 4.5 agresores muertos por cada uno herido. Este índice es similar al registrado durante el sexenio de Felipe Calderón, donde por cada 4.7 muertes en enfrentamientos, solo una persona resultaba lesionada.
El índice de letalidad se obtiene a partir de los homicidios registrados en enfrentamientos con el crimen organizado y el número de personas heridas. De acuerdo con los registros de la Sedena, Tamaulipas tiene el mayor índice de letalidad en lo que va de este sexenio. En esta entidad, los soldados han matado a 18.91 personas por cada agresor lesionado en los distintos operativos y enfrentamientos con civiles armados.
La información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional coloca a Tamaulipas como la entidad con mayor incidencia, registrando 450 agresiones por parte de personas armadas contra los soldados durante este sexenio.
A pesar de los comunicados enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en los que describen distintos casos en los que los soldados supuestamente actuaron dentro del marco legal y en cumplimiento de sus deberes durante enfrentamientos con presuntos criminales, las carpetas de investigación abiertas por la FGR muestran una realidad diferente.
